Las declaraciones del comisario José Manuel Villarejo en sede judicial, escondidas por la prensa del régimen, intensifican la fragilidad del Gobierno de Pedro Sánchez. El patriota Villarejo, histórico y destacado servidor del estado y defensor de la unidad de España, establece conexiones entre el CNI (Centro Nacional de Inteligencia), el misterioso imán de Ripoll y el criminal atentado terrorista del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils con la excusa de frenar el soberanismo democrático y pacífico catalán.
2.- ¿Terrorismo de estado? El partido de Pedro Sánchez (también de Miquel Iceta, Josep Borrell, José Barrionuevo, Salvador Illa…), el PSOE, tiene ya un precedente de terrorismo de estado, los GAL. Entonces altos cargos del gobierno de Felipe González fueron condenados… y, ¡ep!, indultados enseguida. ¿Qué sucederá ahora? El deber de un Gobierno democrático es investigar de inmediato a fondo en todos los ámbitos (parlamentario, fiscal, policial…) las acusaciones realizadas por el ex comisario. Negarse a investigar, como el régimen español ha hecho hasta ahora, es convertirse en cómplice. Y el gobierno borbónico y juancarlista de Pedro Sánchez será aún más frágil y menos creíble en la Unión Europea.
3.- ER, por su parte, va de fracaso en fracaso. La mesa de diálogo es fantasmagórica porque no se sabe cuándo se reunirá y de qué hablar. Hay indicios que hacen pensar que ER aceptará incluso sentarse en la mesa aunque no se trate sobre el derecho de autodeterminación, la amnistía, el respeto a las urnas. El Gobierno PSOE / Podemos también incumple su compromiso público de reformar el Código Penal para adaptarlo a los esquemas democráticos europeos. Y ahora todo hace prever que «el gobierno más progresista de la historia» seguirá negándose a poner luz a la oscuridad en el atentado perpetrado el 17 de agosto del 2017 en Cataluña.
4.- Pere Aragonés, al menos en esta ocasión, debe liberarse del corsé que le pone su partido. El Govern de Catalunya, que preside, y los eurodiputados catalanes, encabezados por Carles Puigdemont, libre en el exilio, deben llevar este asunto terrorista al europarlamento y a las instituciones judiciales europeas. Al fin y al cabo, el régimen español es tan poco fiable como los gobiernos de Polonia y Rumanía.