La delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, afirma que en la mesa de diálogo (¿no negociación?) entre los Gobiernos de Españay Catalunya «sólo se hablará de propuestas que sean dentro del orden constitucional español»… pero ella y su jefe, Pedro Sánchez, se instalan al margen de esta legalidad.

1.- Si Cunillera y Sánchez respetaran la legalidad deberían ser coherentes con el artículo 10.2 del texto constitucional. «Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos». Esta Declaración contempla el derecho de autodeterminación. «La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público» (Punto 21).

2.- Si Cunillera y Sánchez respetaran la legalidad deberían cumplir lo establecido en el BOE (1977/10733) que asume el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por Naciones Unidas. Su primer punto deja claro y catalán: «Todos los pueblos tienen el derecho de autodeterminación»,

3.- Si Cunillera y Sánchez respetaran la legalidad constitucional y democrática … deberían comprometerse a no reavivar el terrorismo de estado de los GAL por los que fueron condenados dirigentes del PSOE durante la etapa presidencial de Felipe González … deberían cerrar definitivamente las cloacas del estado y el espionaje político contra los políticos catalanes … deberían respetar la inmunidad de los eurodiputados catalanes exiliados como se hace en la Europa democrática … deberían reconocer que la Constitución no prohíbe la amnistía en ninguno de sus artículos … no deberían permitir las actuaciones policiales como las que la ciudadanía pacífica sufrió el 1 de octubre … no deberían avalar la fuga del padre del rey por oscuros asuntos financieros y de faldas … y un largo etcétera … de todo esto se debe tratar en la mesa de negociación si no se quiere que sea un bluf.

4.- Conclusión. Lecciones de legalidad constitucional y democrática, pocas, Teresa Cunillera, delegada del gobierno borbónico y centralista español. Los derechos y las libertades de todas las personas y de todos los pueblos, también del pueblo catalán, están por encima de la Constitución española, interpretada además por un régimen político y judicial con adn franquista.