Jaume Alonso-Cuevillas ha escrito en Público el artículo titulado «El conflicto Catalunya-España: ¿tiene solución?». Este brillante catedrático de Derecho Procesal es defensor de exiliados y presos políticos catalanes y se ha presentado a las primarias de Junts

Vaya por delante que un gran número de catalanes hemos desconectado emocionalmente de España de forma creo que ya irreversible.

El 1 de octubre supuso un punto de inflexión. Cuando sólo queríamos hacer un ejercicio pacífico y cívico para demostrar nuestro anhelo de ser, el Estado reaccionó con una brutalidad policial impropia de una democracia del siglo XXI. Posteriormente al daño físico, vino el daño moral. El portavoz del Gobierno negó la brutalidad ( «uso proporcionada de la fuerza»,  dijeron) y el jefe de estado salió por televisión emulando el Virrey llamado el Conde-Duque de Olivares al decir «licencia les he dado yo; mucha más se pueden tomar «.

Desde entonces, la represión no ha cesado, si bien ahora vestida con toga y puñetas. Recordemos que miles de personas se encuentran encausadas sólo por haber participado en manifestaciones de carácter pacífico.

El Estado ha reaccionado pues de la peor forma posible al «problema catalán» que, en palabras de Ortega y Gasset, «Sólo se puede conllevar». Si hace una década el porcentaje de independentistas era claramente minoritario, hoy somos ya una importante parte de la población catalana. Poco importa si superamos, o no, el icónico 50%. Tengo el convencimiento de que en una votación binaria, no condicionada por concretas opciones partidistas, el sí a la independencia superaría con creces ese 50% (algunos estudios demoscópicos hablan de entre un 55% y un 60%). Pero en todo caso, somos muchos, demasiados, los catalanes, que, como antes decía, hemos desconectado de España, de forma ya definitiva. Definitiva y probablemente irreversible por una mayoría. Si, pocos años atrás, alguna solución de carácter federal o confederal (la famosa «tercera vía») podía disfrutar de cierto predicamento, hoy no parece que fuera asumible por la centralidad del independentismo. El tratamiento represivo que España ha dado al «problema catalán», es hoy parte sustancial del propio problema.

La tensión territorial ha hecho a su tiempo aflorar otros graves problemas latentes de la joven democracia española. Así, en los últimos tiempos se ha evidenciado que la sobrevalorada transición no hizo limpio con el antiguo régimen dictatorial. Varios estamentos del aparato del estado (ejército, policía, judicatura, fiscalía, alto funcionariado, ….) conservan todavía un inaceptable espesor de «nostálgicos», eufemismo con el que desde el poder político se denomina a aquellos que son claramente partidarios del autoritarismo franquista. Todo bajo el silencio cómplice del jefe de estado con el concurso de los principales partidos, medios de comunicación, poderes económicos y el todavía omnipresente cúpula eclesial. Por no hablar del anterior jefe de estado, que ha pasado de emérito en demérito en un visto y no visto.

España sufre además una grave crisis económica, agravada por la pandemia, y vive instalada en un clima de máxima tensión política.

Si España fuera una democracia consolidada permitiría a los catalanes votar, como lo permitieron Canadá o el Reino Unido con sus minorías nacionales. Pero una democracia tan débil, de pladur en muchos aspectos (pues a pesar de las retóricas proclamas de la Constitución y las leyes, en la práctica no se respetan los derechos fundamentales), reacciona con más intransigencia y ruido de sables golpistas. Afirmar que habría que fusilar 26 millones de hijos de puta, no es ninguna broma de cuatro nostálgicos. En cualquier democracia consolidada, las consecuencias habrían sido fulminantes, pero en España, nunca pasa nada.

En medio, falsos cantos de sirena de indultos y amnistías que, prometido en época de negociación presupuestaria, acabarán rápidamente en el olvido en manos del presidente de las mil caras, mientras jueces y fiscales hacen el trabajo sucio ( «que se coman los turrones en la cárcel»), y la extrema derecha utiliza como espantajo para pedir adhesiones inquebrantables, que después se agradecen cínicamente felicitando a los «valientes patriotas españoles» que le han dado apoyo. 

Y de verdad ¿aún alguien no entiende que los catalanes queremos marchar? Cuando más se endurezca la rama represiva y autoritaria, más cerca estuvo de romperse.

Si los catalanes queremos ser independientes, no hay ninguna fuerza que pueda impedirlo.

Y además, añado, es también lo más conveniente para España. Una mayoría de ciudadanos y ciudadanas demócratas deben tener también derecho a librarse del yugo de este estado autoritario y demofòbic.