1. Isabel Díaz Ayuso (PP) tiene toda la razón cuando afirma que «Madrid se España dentro de España». El Madrid de la Constitución monárquica de Felipe VI y de su padre, el Campechano huido, impuesto como rey por el dictador Francisco Franco, tiene todo el poder institucional, político, judicial, militar, mediático, económico, lingüístico, las infraestructuras, las cloacas del estado… Todo. Un buen motivo que justifica, además de la voluntad del pueblo, la independencia dado también el fracaso del autonomismo descafeinado y de un federalismo que es un bluf.

2. Y, ay, el establishment considera que los malos de esta película totalitaria son los presidentes Carles Puigdemont y Quim Torra que plantean la legítima confrontación democrática e inteligente con el estado. Hablemos de ello. No todas las confrontaciones son igual. Existe la confrontación represiva practicada por el régimen post franquista español. Represión institucional, política, judicial, policial, mediática con guerra sucia, cloacas del estado, afinamiento de fiscales. Régimen español que no respeta el resultado de las urnas en Catalunya y no permite las investiduras de Carles Puigdemont, Jordi Sánchez, Jordi Turull, y ahora persigue a Quim Torra.

3. Pero también existe la confrontación democrática e inteligente, que se da en  todos los auténticos sistemas democráticos, propugnada por el presidente Puigdemont. El presidente exiliado lo ha explicado por escrito y de viva voz pero sus oponentes, que se llenan la boca con la palabra «diálogo», no quieren escucharlo. La confrontación planteada por Puigdemont se basa en la propuesta, la palabra, las urnas. No consiste en imponer, ni en perseguir el discrepante, ni en confiscar y destruir las urnas. La confrontación democrática, según el líder de JxCat, implica estar a favor de los derechos y las libertades de todas las personas y de todos los pueblos. Implica respetar y aplicar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración prevalece sobre cualquier legalidad y sobre la Constitución española como reconoce el propio texto constitucional (artículo 10.2)