La Mesa de Diálogo entre los Gobiernos de España y Catalunya, pactada inicialmente por el PSOE y ER, es hasta ahora un fracaso.

La parte catalana está legitimada a poner unas condiciones mínimas y razonables al Gobierno PSOE / Podemos debido a su poca credibilidad dialogante. Su presidente, Pedro Sánchez, busca el apoyo de un partido en liquidación, españolista y de superdederecha como Ciudadanos que no tiene inconveniente en pactar con la ultraderecha de PP y los ultras de VOX.

1. La primera condición es la de poner fin inmediato de la represión (exiliados, presos y procesados ​​políticos catalanes) por parte del aparato gubernamental y político español.

2. La segunda condición consiste en que el Gobierno español se comprometa a no reactivar nunca el terrorismo de estado de los GAL que se crearon en la etapa gubernamental de Felipe González. ¿Verdad Miquel Iceta, José Zaragoza, Eva Granados y compañía?

3. La tercera condición implica respetar los aspectos sustanciales de la Constitución, olvidados por los auto denominados constitucionalistas. Artículo 10.2: «Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España». Artículo 96, 1: «Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España formarán parte  de su ordenamiento interno». Esta Declaración y estos tratados incluyen el respeto al derecho de autodeterminación que, por tanto, debe ser respetado, por la propia Constitución, el rey, los tribunales, el gobierno, la oposición, el ejército, la policía, los auto denominados constitucionalistas.

4, La cuarta condición es la de que el Gobierno español reconozca que, como mínimo, Catalunya, es una «nacionalidad». El artículo 2 de la Constitución habla explícitamente de «nacionalidades». Es evidente que en Catalunya se le debe aplicar, como mínimo, la denominación de «nacionalidad» en lugar de calificarla de territorio, región, comunidad autónoma, autonomía …

5. La quinta condición es que el presidente Sánchez no se atribuyen facultades de «autoridad única competente», como ha sucedido en la crisis del coronavirus. Su Gobierno bipartito, en cambio, que incluso ya no habla del federalismo español que es un bluf, debería actuar respetando, también como mínimo, el constitucional estado de las autonomías, sus competencias y sus recursos.