La ofensiva del poder judicial de España contra el president de Catalunya, Quim Torra, provoca una grave crisis constitucional en España
1. Gonzalo Boye, abogado de los presidentes Carles Puigdemont y Quim Torra defiende esta tesis que ha expuesto en el programa «Tot es mou» de TV3. La crisis constitucional se produciría si el Parlament retirara a Torra su acta de diputado como lo exige la Junta Electoral Central y el Tribunal Supremo. La intromisión judicial es un ataque al Parlament que perdería su soberanía y quedaría herido de muerte si el Parlament hiciera caso de la JEC y del TS. A partir de este momento lo mismo podría suceder en todos los Parlamentos existentes en el Estado y también a las Cortes Generales. El poder legislativo desaparecería porque quedaría en manos del poder judicial.
España contra Europa
2. El abogado Boye se refiere a esta grave crisis constitucional en un artículo en www.elnacional.cat titulado «Europa nos mira». Escribe: «Desde una perspectiva estrictamente europea, lo que está quedando en evidencia es la existencia de una clara disfunción entre el ordenamiento jurídico nacional, nunca mejor dicho, y el de la Unión; unas normas incompatibles con las comunitarias, una visión del derecho contraria a la europea y una manera de aplicar la ley que repugna a las democracias consolidadas».
3. Boye añade: «La condena de los miembros del anterior Govern, por un inexistente delito de sedición, así como la persecución de los exiliados por el mismo e inexistente delito, contrasta con la interpretación que, de los mismos hechos y las mismas pruebas, han hecho los tribunales de otros estados miembros. La falta de armonización de los ordenamientos jurídicos y, especialmente, el ámbito penal dentro de una Unión sin fronteras atenta directamente contra el derecho a la libre circulación».
4. Concluye: «Los ejemplos citados afectan la esencia del problema: unas altas instancias jurisdiccionales que no es que no sean independientes, que lo son, sino que tienen agenda política propia y que, además, no tienen ningún tipo de contrapeso como poder del Estado, con el peligro que ello conlleva para cualquier sistema que se quiera definir como democrático «