«España creu que té lumbàlgia» es otro implacable artículo de Suso de Toro que el diario ARA publica este fin de semana. Sigue su traducción al castellano.
Hace unos meses me preguntaron por el referéndum y por el Proceso y, no sé si con sentido de la responsabilidad o con audacia aventurera, contesté que a medida que pasaran las semanas y se hiciera evidente que el referéndum sería una realidad imparable, que se convocaría y que acudiría a votar la ciudadanía en pleno, Alemania obligaría a Rajoy a reconsiderar su política. Que una vez vieran que el referéndum era algo inminente, los poderes de Madrid deberían poner en la balanza algo que convenciera una mayoría de catalanes que sería mejor quedarse en España y que votaran no. Aventuré que Rajoy, que había creado este problema de estado y lo había llevado a su límite, era un interlocutor imposible que no podría contradecir lo dicho y hecho durante meses y años y que, por tanto, había pasado la hora de este gobierno del PP y habría que convocar nuevas elecciones legislativas.
Señalaba también el obstáculo que suponía para resolver esta crisis que España fuera un reino y no una república, porque el rey, aunque es el jefe del ejército -¡que se dice pronto!-, no tiene la capacidad política de un presidente de república para intervenir.
En ese momento yo mismo comprendía que lo que estaba diciendo sonaba irreal a mis interlocutores, pero me reafirmaba basándome en un conocimiento razonable tanto de la realidad catalana como del mundo de la corte madrileña. Hay un factor decisivo en este proceso que no se destaca lo suficiente: la compacta ignorancia de los políticos españoles y su formación en el nacionalismo españolista en sus dos variantes, tan decimonónicas como todavía actuantes; el españolismo imperial de los absolutistas y el españolismo patéticamente jacobino de los liberales.
El pensamiento obsoleto y rancio de estos gobernantes y, en diferente medida, del conjunto de los políticos españoles de izquierda y derecha es sorprendente, viven en los límites sociales y culturales de la corte, que tiene sus delegaciones y reflejos en capitales de provincia. Desconociendo previamente la historia y la cultura de la sociedad catalana, su ignorancia y su soberbia les impidieron detenerse para saber qué estaba pasando ahora. No es extraño que el presidente y la vicepresidenta del gobierno creyeran que era posible someter y humillar Catalunya: «Vencer por 10 a 0». Así se comprende el desembarco hace apenas un par de meses de Rajoy con Florentino Pérez y su séquito en Barcelona para ofender cualquier persona con dignidad. Ahora se están despertando de su confortable sopor en su pesadilla.
He mencionado la ignorancia, pero es más grave la cultura autoritaria de todos los estamentos del Estado y de aquellos políticos en concreto. No hace tanto todavía consideraban una opción el uso de la fuerza. Su orgullo ofendido ante una ciudadanía insumisa les hizo imaginar volver a ocupar Catalunya militarmente y encarcelar sus gobernantes. Esto en este siglo, en Europa y en la Unión Europea. Ustedes pueden no creérselo y tomárselo como una exageración, pero será porque no conocen el mundo de donde salen estas personas. Cuando los bajó la fiebre, para mantener el «principio de autoridad y la unidad de España» -una cosa sagrada para «las personas normales -, llevaron al límite un proceso iniciado hace siete años cuando boicotearon la renovación del Tribunal Constitucional para conseguir la sentencia sobre el Estatut: ocupar organizativamente y políticamente la justicia como arma contra la demanda cívica catalana, al precio de negar su carácter democrático. Crear una policía política era algo natural para los hijos políticos del Tribunal de Orden Público.
El balance de la estrategia seguida estos años por el gobierno central y luego por todo el Estado es brutal: la sociedad catalana ya ha roto con España como estado y como país. La mayor parte de su población adulta hace años que no reconoce a Rajoy como su presidente del gobierno y, además, ha ido dejando de reconocer la monarquía reinante, la justicia, la Policía Nacional y la Guardia Civil, el ejército y los medios de comunicación madrileños o estatales. No hay tampoco figuras de la cultura o de la sociedad en España que sean compartidas y reconocidas como propias, aquí.
Cuando el presidente Puigdemont dice que no acatará una inhabilitación que provenga del Tribunal Constitucional, sólo verbaliza la realidad en que viven hoy sus conciudadanos. No se quisieron sentar en la mesa ni para escuchar, y ahora deberán negociar.
La España que se muestra en Marivent, la de Rajoy y el Borbón Felipe, cree que tiene lumbalgia y se pone la mano en el lado que le duele, pero si se hiciera un escáner descubriría que la enfermedad que ella misma ha provocado es mucho más grave y que necesita hospitalización.
Habrá referéndum, desde hace unas semanas ya lo saben. Harán promesas que no podrán concretar ni el PSOE, ligado a la rueda de molino de Susana Díaz; ni el PP, principal culpable de todo; ni Podemos, que quiere seguir haciendo piruetas verbales -y no podrán- para ocultar que marcha tras la estrategia de estado de Rajoy. Los medios de comunicación propiedad de los bancos que han ensuciado y difamado la sociedad catalana entre la opinión pública española pasarán de ofender y negar el carácter democrático de la votación a hacer propaganda de la lluvia de promesas si los votantes se comportan como «personas normales», tal como dicta el «sentido común».
Sólo la Unión Europea, ahí está la responsabilidad política de Angela Merkel, podrá tener un papel en este conflicto en un estado que, tras el Brexit, es importante dentro de la Unión. España es incapaz de cambiar, nunca ha sido capaz de resolver sus problemas por sí misma. Si Franco no hubiera muerto seguiríamos en el franquismo y no habríamos pasado a la restauración monárquica posfranquista. Entonces los Estados Unidos intervinieron y tutelaron la operación; ahora le corresponde este papel a Alemania. Sólo saldremos todos, unos y otros, por caminos democráticos gracias a una Catalunya que, ya fuera del posfranquismo, no aceptará que sus gobernantes elegidos democráticamente sean perseguidos, ellos y sus familias. La indignidad y las actuaciones delictivas del Estado contra este país han traspasado todos los límites y si algún gobernante debe ser procesado por sus actuaciones no está en Barcelona, sino en Madrid. Catalunya no tiene interlocutor en la corte y espera Merkel. ¿O alguien cree que los catalanes implorarán a Rajoy una amnistía para Mas, Ortega y Rigau?