La Iglesia denuncia la “escasa voluntad política por esclarecer sucesos como el de El Tarajal en que murieron 15 inmigrantes subsaharianos en el asalto masivo al vallado fronterizo de Ceuta (6 febrero 2014)”. Así consta en un comunicado de la Comisión Episcopal de Migraciones, Cáritas, Confederación de Religiosos y Justicia y Paz. Estas organizaciones católicas de España y Marruecos que acogen y defienden a los emigrantes, su dignidad y sus derechos dirigen su denuncia contra la gestión de unos hechos cuya responsabilidad política recae sobre el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que se proclama católico.

          Las organizaciones católicas muestran su «grave preocupación y dolor» por la muerte y el sufrimiento de miles de hombres y mujeres que huyen de las guerras, el hambre y la pobreza de sus países de origen. Manifiestan: «No queremos acostumbrarnos a desalojos violentos de cientos de subsaharianos en los montes próximos a Melilla para ser objeto de traslados forzosos y abandonados luego a su suerte y de prácticas ilegales en las fronteras, que lesionan derechos y que son cuestionadas por instancias de la Unión Europea».

          Estas organizaciones lamentan «la puesta en práctica de extrañas figuras jurídicas que intentan defender expulsiones injustificables en el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana que pretende legalizar las expulsiones sumarias”. Afirman: “Estamos firmemente convencidos en que todo este sufrimiento es evitable. Por ello, exigimos a los responsables de la toma de decisiones ejecutivas, legislativas y judiciales la debida coherencia y el respeto a los derechos humanos y a la más elemental dignidad que merece toda persona».

          (Artículo publicado en www.tribuna.cat)