1. Los poderes político y eclesiástico de España mezclan terrorismo y derechos de las naciones o soberanismo. Así sucede en el acuerdo antigihadista firmado por Mariano Rajoy y Pedro Sánchez y también en la instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal Española liderada en el año 2012 por el cardenal Antonio M. Rouco y por el entonces arzobispo Antonio Cañizares.
2. El pacto PP/PSOE se titula «Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertad y en la lucha contra el terrorismo» (2 de febrero de 2015). La instrucción pastoral del episcopado español se titula «Valoración moral del terrorismo en España, de sobre cosas y de sobre consecuencias» (22 de noviembre de 2002). Las denominaciones de ambos acuerdos responden a un planteamiento españolista similar. Bajo bellas palabras de libertad y de paz se esconde un ataque contra los derechos legítimos de los pueblos, como Catalunya, a su soberanía.
3. El anterior post, «Jesús terrorista, según el pacto antigihadista», ya denunció el acuerdo PP/PSOE. Un nuevo post dedicado a la instrucción pastoral del episcopado español también podría denominarse «Jesús terrorista, según la Conferencia Episcopal española». Pero hay que dejar constancia de que hubo 13 obispos que no apoyaron el texto impulsado por el tándem Rouco/Cañizares.
4. Uno de los obispos que con más claridad se ha manifestado sobre este asunto es Josep Maria Guix (1937-2009). Guix, siendo obispo de Vic, lo hizo en el prólogo del libro «Fet nacional i magisteri social de l’Església» (2003), de Antoni M. Oriol y Joan Costa. El obispo Guix sostiene que «el hecho nacional y el terrorismo no pueden ser tratados de manera mezclada en un mismo documento porque, de entrada, el hecho nacional ya queda marcado por una connotación negativa que fácilmente puede crear en el subconsciente una prevención, como si el nacionalismo estuviera marcado por el estigma de una especie de pecado original que lo acompaña como un acarreo inseparable «.
5. El obispo Guix afirma: «Los deseos y los esfuerzos orientados a la autodeterminación y a la soberanía política, si son realizados sin violencia y con diálogo -aunque comporte una cierta confrontación política- no son condenables ni moralmente inaceptables. Un juicio condenatorio de los obispos en este asunto podría ser tachado de injerencia política carente de legítima competencia pastoral».